[ Contraataque del patriarcado: el nuevo proyecto de Ley del Aborto humilla a las mujeres ]

Estamos sufriendo un gravísimo ataque a los derechos de las mujeres. El patriarcado contraataca; en este caso contra los derechos reproductivos.

El nuevo proyecto de Ley del Gobierno del PP nos devuelve a una situación anterior a 1985, a la inseguridad jurídica de las mujeres y de profesionales de la sanidad. La interrupción del embarazo será delito regulado por unos supuestos que lo que verdaderamente abortan es la libre decisión de la mujer, y su derecho a hacerlo sin presiones añadidas. 

Cínicamente titulada "de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada"” prevé dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o mental de la madre. En el primero de los supuestos deberá presentarse una denuncia previa y marca un plazo de doce semanas. El segundo de los supuestos se podrá llevar a cabo hasta la semana 22 y bajo informe acreditado realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique y de diferentes centros sanitarios. Se elimina el supuesto de malformación del feto, quedando supeditado al segundo de los supuestos y con muchas complicaciones y burocracia médica. Para las menores será obligatorio el consentimiento paterno, aunque concurra alguno de los dos supuestos indicados. Se regula para todos los profesionales la objeción de conciencia y prevé penas para facultativos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos aunque se hiciera con el consentimiento de la mujer. Como puntilla, prohíbe la publicidad de los procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo.

Sólo unas férreas convicciones machistas y antidemocráticas que entienden que las mujeres deben cumplir con los designios de una cultura androcéntrica y con las funciones encomendadas -entre ellas la maternidad- permiten si acaso comprender la sarta de falacias que “esconde” el anteproyecto: lo pintan como un problema derivado de la libertad sexual de nuestro tiempo, cuando ha estado presente en cualquier momento de la historia. Intentan confundir a la sociedad con un mensaje que presenta la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad con una "obligación a abortar". Hablan de defender la vida del "concebido" como objetivo, pero entran en contradicción al admitir que en los casos de violación se puede practicar un aborto. Y francamente no les importa la salud psicológica de la madre al quedar siempre en segundo plano ante cualquier supuesto; ni los derechos de la mujer, que son negados de entrada para que no pueda decidir, y después quedan supeditados al arbitrio de un tutor que decida sobre la vida del ser concebido -aunque este no vaya a vivir-.

Estableciendo paralelismos en lo que al “derecho a la vida” se refiere, resulta paradójico, cínico e inaceptable que se emplee hasta un triple rasero: en el caso de los maltratadores en violencia machista, debe ser la justicia quien decida si se coloca o no una pulsera para controlar el cumplimiento de la distancia de seguridad a la víctima, puesto que esto limita sus derechos, y en cambio, se pueda obligar a una mujer a llevar hacia delante un embarazo en condiciones que afectan a sus derechos y a su propio proyecto de vida. Y en caso de anomalías fetales compatibles con la vida, la vida del feto se protege hasta que se produce el nacimiento, ya que a continuación, y de por vida, esa persona y su familia quedan desamparadas por la Ley, toda vez que de facto ha quedado sin efecto la Ley de Dependencia.

Resulta verdaderamente indignante que el ministro Gallardón intente confrontar la decisión de las mujeres versus la trascendencia de una "vida concebida", con el exclusivo argumento de protección a esa supuesta vida, teniendo la mujer que asumir todos los riesgos que se presenten; cuando en otras circunstancias personales y profesionales a nadie se le obliga a asumir determinados riesgos para salvar la vida de una persona con todo un proyecto vital real y en marcha.

Un embarazo no deseado no dura nueve meses sino toda una vida. Por eso creemos que la libertad de decisión debe estar siempre por encima de la voluntad o creencia de quienes critican a las mujeres que deciden abortar. Esconder la realidad no la va a cambiar. Pero una vez más ha ganado la hipocresía de la moral católica. Se seguirán produciendo abortos en nuestro país al margen de la Ley, bajo una inseguridad sanitaria y jurídica; o más allá de la frontera que será donde vayan quienes económicamente se puedan permitir el viaje y la intervención.

[ El miedo a una ciudadanía bien informada ]

 Desde el comienzo de la crisis la ciudadanía ha visto cómo sus derechos de diferente índole han ido mermando con cada modificación de ley y con cada recorte. Hasta tal límite que sorprendentemente muchas personas, muchas familias, se han visto privadas incluso de derechos que dicta nuestra carta magna.

Precisamente en el ámbito de la defensa de los derechos de la ciudadanía se fundamenta la razón de ser y la labor de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, amparadas en la Constitución y regidas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Recientemente FACUA, una de ellas, ha sido amenazada con ser excluida del Registro de Asociaciones que gestiona el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El motivo: consideran que las campañas de consumo que dicha asociación lleva a cabo a través de su página web y en los medios de comunicación “[...] sobrepasan los fines que definen a este tipo de organización […]”. En la carta, que firma Pilar Farjas, Presidenta del INC, se pide a la asociación que revise y elimine concretamente las campañas dirigidas a la “lucha contra los recortes”, puestas en marcha “[...] para promover un recurso de inconstitucionalidad contra las normas estatales dirigidas a la racionalización del gasto público [...]”.  

Una amenaza que de materializarse supondría la retirada de las subvenciones, la expulsión de los órganos consultivos de ámbito estatal de los que forma parte, entre ellos el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y la pérdida de su derecho a presentar acciones judiciales en defensa de intereses de sus asociadas y asociados.

En la página web de FACUA se puede ver que las diversas campañas que han emprendido hacen referencia a hipotecas trampa, engaños financieros, tarifas eléctricas, tarifas de móvil, contratos de permanencia abusivos, spam telefónico; productos y servicios que ofrecen entidades privadas. Pero también informan sobre las consecuencias de la subida del IVA, del encarecimiento de los medicamentos, de la reducción de recursos para la educación pública, de la eliminación del derecho sanitario a las personas que no dispongan de sus “papeles” en regla, etc.; productos y servicios que en este caso debe garantizar por Ley el Estado a través de sus diversos organismos.

Tal y como marca Ley General , entre los derechos de los Consumidores y Usuarios se encuentran la protección de la salud y seguridad, la protección de los intereses económicos y sociales, la indemnización y reparación, la información, educación y divulgación, la representación, consulta y participación, la protección jurídica, administrativa y técnica mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Todo esto amparado por la Constitución Española en su Artículo 51.

El Gobierno del PP se esfuerza en hacer una diferenciación entre los derechos de la ciudadanía (entre ellos el de reclamación) según si se es usuaria o usuario de lo público o de lo privado. Como si el incumplimiento del contrato que un particular firma con una empresa privada fuera denunciable e impugnable, pero el incumplimiento o pérdida de calidad de la prestación de servicios que debe garantizar el Estado por mandato constitucional no lo fuera. ¿No es acaso la Constitución Española el "contrato" más importante "firmado" por la ciudadanía?
 

No parecen entonces congruentes los argumentos que esgrime el Gobierno para decir que las reivindicaciones y campañas de FACUA no guardan relación alguna con "la defensa de los derechos legítimos de los consumidores". Más bien parece un acto de censura al derecho de expresión de opinión e información, tal y como ya han denunciado diversas organizaciones sociales (sindicatos, colectivos ciudadanos, etc.) que han mostrado su apoyo a esta asociación. Una censura que además sólo recae sobre las campañas que aluden a los servicios que debe garantizar el Estado.

¿Por qué quiere acallar el Gobierno las voces discrepantes con las medidas de recorte que se están adoptando en materia de derechos sociales? ¿Acaso no está el PP convencido de que estas medidas son "lo que España necesita para salir de la crisis"? ¿Acaso tiene miedo de una ciudadanía bien formada, informada y asesorada (por ejemplo a través de las asociaciones de consumidores y usuarios)?

[ La invisibilizacion de las discriminaciones por ley ]

El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la LGTBfobia, fecha en la que se conmemora que en 1990 la OMS dejó de considerar que la homosexualidad era una enfermedad.

Desde entonces en nuestro país se han producido avances en diversos sentidos, pero aún es patente el rechazo que existe al respecto en múltiples sectores sociales. Así, y como ocurre con otras discriminaciones, aunque el marco legal ampara sus derechos en última instancia, el día a día de la realidad social demuestra que la igualdad no está conseguida, que queda camino por recorrer.

Ese camino pasa por la VISIBILIZACIÓN de la discriminación; y a ese respecto es imprescindible actuar dando ejemplo desde ámbitos institucionales, denunciando y condenando comportamientos homófobos, como el que recientemente se ha marcado el obispo de Alcalá de Henares. No se debe bajar la guardia, es necesario seguir poniendo en marcha proyectos coeducativos que transmitan esos valores igualitarios, y realizar campañas de sensibilización y protección.

Pero cuando los recortes presupuestarios que está acometiendo en estos días el Gobierno -mediante Decretos Ley de caracter urgente-, se ceban con partidas que ofrecen cobertura a elementos y estructuras fundamentales para la educación, la convivencia y la salud de las personas -acabando con su universalidad y gratuidad-, nos estamos haciendo un flaco favor a nosotras y nosotros mismos (como ocurre con la reducción/eliminación del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista).

En este sentido va la denuncia que diversas ONGs hicieron el pasado 27 de abril ante la incógnita de viabilidad que se presenta para el Plan Nacional sobre el SIDA. Tras el intento fracasado de reunión con la Ministra Mato, han decidido alertar públicamente que el ahorro ni es justificable ni compensa las consecuencias que derivarán: más infecciones, y por tanto, más gasto sanitario. Las cifras del SIDA en nuestro país hablan de una tasa de personas infectadas de 88,5 por cada millón de habitantes. Si bien es cierto que la infección por VIH no es exclusiva de LGTB, por desgracia siguen siendo el colectivo más afectado (46%).

Por si esto fuera poco, el Ministro Wert, al frente de la cartera de Educación, anuncia el temario de la asignatura Educación Cívica y Constitucional (como rebautiza la polémica Educación para la Ciudadanía), y en un intento de desideologizar se marca una propuesta que elude cualquier mención a la homosexualidad, para dejar paso a "la familia" en el ámbito de la Constitución Española, elimina toda referencia a la actitud crítica de la ciudadanía ante las desigualdades y discriminaciones [pensar en ello es malo, no vaya a ser que ...], pero no olvida por supuesto hablar de nuestra condición de homos económicus y la importancia de la iniciativa privada para el buen desarrollo de nuestras vidas. Estas son algunas de las joyas ideológicamente neutrales con las que nos premia el Sr. Ministro para ser buenas personas y una Ciudadanía modélica.

Mientras tanto otros Ministerios se dedican a socializar pérdidas y privatizar ganancias en un intento de sanear las cuentas públicas.

Y como esto es "un sindiós" dificilísimo de entender, mejor eliminar y/o controlar los medios de comunicación para poder explicar bien la obra maestra: una plan para salvar el mundo, en solitario.

Menos mal que hay infinidad de personas -entre las que me encuentro- que creemos que hay otra forma de hacer las cosas, y que hay que defender la Educación Pública y la Sanidad Pública de calidad para todas y todos. Y es que, como se leía hace poco en una pancarta durante una protesta:

CREEMOS EN LA UTOPÍA PORQUE LA REALIDAD NOS PARECE INCREÍBLE.

[ Más igualdad , vitaminas para salir de la crisis ]

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se eliminan fronteras, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, para celebrar la lucha diaria en favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Desde hace tiempo, una sociedad como la nuestra -cada vez más concienciada- ha trabajado duro en esta dirección de una forma trasversal. Muchas de las conquistas (igualdad real en derechos civiles, reducción de la brecha de género en la tasa de paro y en el nivel salarial, así como una creciente presencia femenina en el espacio público) son fruto de esos esfuerzos.

No obstante, la situación de crisis que arrastramos desde hace un lustro amenaza con producir una severa involución en términos de igualdad, cuando aún queda mucho trabajo por hacer.

A la dramática tasa de desempleo en nuestro país se une el dato de que España acabó 2011 a la cabeza de la UE en desempleo femenino, con un 20,5 % frente a una media del 9,6% en la UE-27 (según el Instituto de Estudios Económicos). Y las previsiones no son halagüeñas. Las mujeres siguen siendo amplia mayoría en las categorías más precarias, tanto de empleo (temporalidad, tiempo parcial, subempleo), como de desempleo (larga duración, sin empleo anterior, sin prestación de desempleo). Sus ingresos y pensiones son mucho menores y en muchos casos inexistentes, a pesar de que trabajan muchas más horas en total; sus tasas de pobreza son mucho mayores. En definitiva, la situación de las mujeres es dramática, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores, son las personas peor situadas las que más la sufren. Experiencias históricas -no muy lejanas- revelaron que el modelo ‘sustento económico masculino / mujer dependiente’ es una trampa.

El conocimiento de estos datos, que evidencian el fracaso de un modelo de crecimiento desequilibrado, nos proporciona la oportunidad histórica de revertirlo y hacer las cosas bien. Más aún, está demostrado que el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a los ingresos, impulsa enormemente el bienestar de las familias y el desarrollo de los países.

A diferencia de otras crisis, en las que también se presionó a las mujeres para retirarse del mercado de trabajo, hoy el punto de partida es otro bien diferente. Por esos derechos civiles adquiridos y por el alto grado de formación. Por la aptitud demostrada para desempeñar todo tipo de profesiones, para dirigir, para participar en todos los deportes y actividades. Muchas familias dependen de los salarios femeninos y, además, las mujeres desempleadas tienen mayor nivel educativo que los hombres desempleados.

Por otro lado, los hombres son más necesarios que nunca para arrimar el hombro en las tareas de cuidado. Hoy, a diferencia de otras épocas, sabemos que ninguna diferencia biológica justifica la exclusión de las mujeres del empleo y del ocio, ni la de los hombres del trabajo doméstico.

La sociedad no se puede permitir la frivolidad de ignorar o marginar a las mujeres, que representan más del 50% de la población mundial. Hoy las mujeres son tan necesarias como los hombres para construir un sólido modelo productivo equilibrado y sostenible. La igualdad de género es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres y el potencial cuidador de los hombres. La corresponsabilidad es imprescindible para el buen funcionamiento de los mercados de trabajo; para una mejor organización de la producción que no se base en la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico; para combatir la superpoblación, el envejecimiento poblacional y la pobreza en todo el mundo; para el mantenimiento del medio ambiente.

Los intereses cortoplacistas de quienes están sacando rentabilidad económica de esta crisis, no pueden doblegar los beneficios que en todos los aspectos traerá esta carrera de fondo por la igualdad.

[ Contrataciones Responsables en los Ayuntamientos ]

Las administraciones públicas tienen un papel muy importante en el desarrollo de la responsabilidad social. Y además su responsabilidad es doble: hacia adentro, en lo que respecta a las personas que trabajan para la Administración y la calidad de sus condiciones laborales; y hacia el exterior, ya que deben velar por el interés público de la ciudadanía.

Es por eso que el Ayuntamiento, como institución administrativa más cercana al pueblo, debe servir como ejemplo, y por tanto debe ser líder en la aplicación de las actuaciones más innovadoras en lo referente a condiciones de trabajo, criterios de compra responsable, cuidado del medioambiente y aplicación de un modelo energético basado en el ahorro. Y todo ello de forma transversal, es decir con aplicación en todas sus áreas.

Al mismo tiempo debe ser impulsor de los procesos de implantación de la cultura de la responsabilidad social en el conjunto de la sociedad, no actuando desde una situación de poder sino como dinamizador. Esto es: promoviendo el conocimiento y la difusión de valores de la responsabilidad social, impulsando a las empresas comprometidas y poniendo en práctica unas finanzas justas y socialmente responsables.

En este contexto el Ayuntamiento tienen a su alcance una importante herramienta de promoción de la responsabilidad social: la contratación de bienes y servicios. De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea en su Libro Verde el gasto de las administraciones en contratos para la adquisición de productos, servicios e infraestructuras representa el 17% del PIB de la UE . Una contratación pública más responsable permitiría a las administraciones utilizar este dinero con más eficacia y contribuir a la innovación, el empleo y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente.

La Ley de Contratación del Sector Público pone a disposición una serie de herramientas como son:

- La integración de cláusulas de carácter inclusivo, laboral, social, ambiental, solidario, ético en la definición del objeto del contrato

- La incorporación de estos aspectos sociales como criterios de adjudicación, cuando respondan a necesidades definidas en las especificaciones del contrato.

Precisamente con el objetivo de apoyar a las organizaciones de diferente naturaleza en el desarrollo de estructuras responsables socialmente, la Organización Internacional para la Estandarización publicó en noviembre de 2010 la Norma ISO 26000 que recoge precisamente la importancia de la atención al medioambiente, los derechos humanos, los derechos de los consumidores, la igualdad, el comercio justo, y a la participación de la Comunidad.

Y es que la responsabilidad social supone también el diálogo con los diferentes colectivos para incorporar sus intereses y demandas en la gestión diaria de la organización. Para fomentar la implicación de la ciudadanía y la rendición de cuentas, la administración debería promover la transparencia y la participación ciudadana.

Son diversas las experiencias de municipios que apuestan sinceramente por estas políticas y son una muestra de solidez y reputación, de posicionamientos punteros en términos de innovación gracias a la atracción de inversiones que propicia su valor añadido.

No basta con que una organización pública se responsabilice de sus actos, pues para ello ya hay leyes y normas. Se trata de sustentar una conciencia social de que esa responsabilidad corporativa existe de modo que se haga efectiva aún cuando las normas no lo impongan. Un buen ejemplo es el Código del Buen Gobierno de la FEMP de 2009.

Pero además para trabajar hacia la excelencia hay que someter las políticas a evaluación. Un buen modelo de seguimiento y control es el UNE 66182.

Algunas propuestas de medidas que pueden poner en marcha los Ayuntamientos son: 

·       Elaborar -con la ayuda de todos los agentes sociales- y aplicar un modelo de autoevaluación en términos de calidad y de responsabilidad social, que permita conocer qué mejorar y cómo hacerlo en todas las áreas municipales. Un análisis de autodiagnóstico que haga posible diseñar estrategias idóneas para mejorar en la prestación de servicios sociales.

·       La incorporación en los pliegos de contratación, tanto de personal, como servicios y de productos, así como en la convocatoria de subvenciones, de cláusulas con las que se primen criterios de compra responsable, sostenibilidad, conciliación de la vida familiar y laboral, y la estabilidad en el empleo.

·       La puesta en marcha de actividades formativas y de concienciación y sensibilización que versen sobre el consumo responsable, dirigidas tanto a trabajadoras y trabajadores municipales, empresarios y empresarias, así como al resto de la ciudadanía, haciendo especial hincapié en los y las más jóvenes.

·       La creación de un espacio en la web municipal donde se expongan los compromisos que adquiere este Ayuntamiento para consigo mismo y para con la ciudadanía en materia de responsabilidad social.

[ La cínica excusa terminológica ]

Hace algo más de seis años que el Partido Popular presentó un Recurso de Inconstitucionalidad a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Una ley con la que se dio un paso adelante en la consecución de una igualdad real y efectiva. Y un recurso que de resolverse positivamente [parece que el TC se pronunciará pronto] supondrá un retroceso importante en materia de derechos sociales.

No podemos anclarnos en la etimología para crear un parapeto ante la palabra “matrimonio”. Del latín “matris manium” o “matreum muniens”, hace referencia a la POSIBILIDAD de la mujer de procrear.

Pero la lógica de la evolución histórica y la conquista de derechos sociales por parte de las mujeres demuestran que el sentido literal y etimológico de la palabra hace tiempo cambió por los propios usos sociales: matrimonio civil, y la NO obligatoriedad de procrear para que la unión sea legítima y válida.

Muy al contrario de las consideraciones que hacen quienes firman ese recurso [que el matrimonio es "una institución de contornos precisos que responde a la lógica de las necesidades naturales y sociales de nuestra especie"], creo que la ley que autoriza matrimonios entre homosexuales no es sino un paso más en la evolución de nuestra sociedad, recordemos: un espacio arbitrario y por tanto no natural, en el que nosotras y nosotros construimos nuestras propias normas de convivencia.

Oponerse al matrimonio homosexual no es sino ponernos a nosotras y nosotros mismos una piedra en el camino de construcción de una sociedad igualitaria y en convivencia pacífica. Oponerse alimenta los odios, porque es claudicar ante el intento de control de quienes quieren imponernos cómo vivir y con quién a cambio de obtener unos derechos.

Porque si la “institución” del matrimonio es la que -si, exige obligaciones- pero concede unos derechos [de sucesiones, de residencia, adopción de los hijos del cónyuge, efectos tributarios, derecho a no declarar contra el cónyuge, alimentos, separación, divorcio, etc.] que desgraciadamente no se consiguen por otras vías [pareja de hecho, por ejemplo], y aplicamos el principio de igualdad … no tiene razón cívica de ser el negar esos derechos a una parte de la sociedad sólo por su orientación sexual.

La historia ha sido testigo de matrimonios religiosos de conveniencia entre heterosexuales, y en esos casos no se ha dicho nada a pesar de que detrás de esas uniones no había amor sino intereses de diferente índole. Si queremos llamar a las cosas por su nombre, digamos que esto a lo que me acabo de referir es una ESTAFA al "supuesto" verdadero sentido y significado del matrimonio.

No digamos ya la cantidad de voluntades truncadas de personas que han vivido “presas” bajo esta "institución", intocable según quienes … hasta que se permitió el divorcio.

La excusa terminológica no esconde sino una verdadera oposición al ejercicio de una libertad individual. Puesto que si de verdad existiera una voluntad de tolerancia y respecto no se hubiera llegado a este contencioso cual pataleta infantil.

Permitamos entonces que la comunidad homosexual pueda disfrutar de su derecho a contraer matrimonio, con menos, el mismo o incluso más amor y respeto del que existe entre muchas parejas heterosexuales, tan protegidas desde ámbitos radicalmente conservadores.

[ Un resquicio de dignidad : el poder del consumo ]

Desde hace tiempo me debato entre si considerarme ciudadana de pleno derecho o una mera consumidora. Y una llega a la conclusión de que la segunda ‘mola’ más, no porque sea más fácil, sino porque es lo que hoy ‘se lleva’.

Los precios, las rebajas, las ofertas, los créditos, el nivel de consumo, la confianza en el consumidor, el índice en bolsa, los bonos europeos, la compra de deuda. Todas estas expresiones, y otras tantas, se repiten hasta la saciedad en todo el espectro informativo que nos rodea desde hace ya meses. Y si nos descuidamos, lo interiorizamos con tal naturalidad, que un día cualquiera nos sorprendemos hablando de ello constantemente con nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo.

Aquí interesa el PIB y la rentabilidad, y no los índices de felicidad como en Bután. Hay quienes dicen que la salida de esta crisis pasa por una recuperación económica que necesita una reactivación del consumo, que será la fórmula para crear empleo. Y aquí todas y todos consumimos en mayor o menos medida. Y por tanto ya no nos consideran importantes en tanto que ciudadanos y ciudadanas, pero sí en tanto que consumidores y consumidoras.

Y es que a veces no nos damos cuenta de que mientras luchamos [no ya por ganar] sino por no perder derechos como ciudadanía, debemos hacer uso de un arma muy potente que está en nuestras manos: el poder del consumo.

Como de todos los poderes, podemos hacer un buen o un mal uso de él. Y un poco al hilo de esa doctrina de la responsabilidad social corporativa pero aplicándola a nuestra vida privada y particular, nos podemos convertir en consumidores responsables.

Y no sólo hablo de productos ecológicos en lo que a alimentación se refiere; también me refiero a no comprar productos a empresas que se lucren por el comercio de armamento, drogas o tráfico de personas, que no adopten medidas medioambientales, que no fomenten ni persigan la igualdad, etc.

No es una tarea fácil, porque exige un gran esfuerzo [como el estar bien informada]; pero sí reconfortante porque te sitúa ante otra perspectiva, ante otra forma de entender el mundo. Como la que nos ofrece por ejemplo ConSumaResponsabilidad .

Y creo de verdad que todo es empezar, porque todo es una utopía hasta que queramos que deje de serlo.