Desde el comienzo de la crisis la ciudadanía ha visto cómo sus derechos de diferente índole han ido mermando con cada modificación de ley y con cada recorte. Hasta tal límite que sorprendentemente muchas personas, muchas familias, se han visto privadas incluso de derechos que dicta nuestra carta magna.
Precisamente en el ámbito de la defensa de los derechos de la ciudadanía se fundamenta la razón de ser y la labor de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, amparadas en la Constitución y regidas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Recientemente FACUA, una de ellas, ha sido amenazada con ser excluida del Registro de Asociaciones que gestiona el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El motivo: consideran que las campañas de consumo que dicha asociación lleva a cabo a través de su página web y en los medios de comunicación “[...] sobrepasan los fines que definen a este tipo de organización […]”. En la carta, que firma Pilar Farjas, Presidenta del INC, se pide a la asociación que revise y elimine concretamente las campañas dirigidas a la “lucha contra los recortes”, puestas en marcha “[...] para promover un recurso de inconstitucionalidad contra las normas estatales dirigidas a la racionalización del gasto público [...]”.
Una amenaza que de materializarse supondría la retirada de las subvenciones, la expulsión de los órganos consultivos de ámbito estatal de los que forma parte, entre ellos el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y la pérdida de su derecho a presentar acciones judiciales en defensa de intereses de sus asociadas y asociados.
En la página web de FACUA se puede ver que las diversas campañas que han emprendido hacen referencia a hipotecas trampa, engaños financieros, tarifas eléctricas, tarifas de móvil, contratos de permanencia abusivos, spam telefónico; productos y servicios que ofrecen entidades privadas. Pero también informan sobre las consecuencias de la subida del IVA, del encarecimiento de los medicamentos, de la reducción de recursos para la educación pública, de la eliminación del derecho sanitario a las personas que no dispongan de sus “papeles” en regla, etc.; productos y servicios que en este caso debe garantizar por Ley el Estado a través de sus diversos organismos.
Tal y como marca Ley General , entre los derechos de los Consumidores y Usuarios se encuentran la protección de la salud y seguridad, la protección de los intereses económicos y sociales, la indemnización y reparación, la información, educación y divulgación, la representación, consulta y participación, la protección jurídica, administrativa y técnica mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Todo esto amparado por la Constitución Española en su Artículo 51.
El Gobierno del PP se esfuerza en hacer una diferenciación entre los derechos de la ciudadanía (entre ellos el de reclamación) según si se es usuaria o usuario de lo público o de lo privado. Como si el incumplimiento del contrato que un particular firma con una empresa privada fuera denunciable e impugnable, pero el incumplimiento o pérdida de calidad de la prestación de servicios que debe garantizar el Estado por mandato constitucional no lo fuera. ¿No es acaso la Constitución Española el "contrato" más importante "firmado" por la ciudadanía?
No parecen entonces congruentes los argumentos que esgrime el Gobierno para decir que las reivindicaciones y campañas de FACUA no guardan relación alguna con "la defensa de los derechos legítimos de los consumidores". Más bien parece un acto de censura al derecho de expresión de opinión e información, tal y como ya han denunciado diversas organizaciones sociales (sindicatos, colectivos ciudadanos, etc.) que han mostrado su apoyo a esta asociación. Una censura que además sólo recae sobre las campañas que aluden a los servicios que debe garantizar el Estado.
¿Por qué quiere acallar el Gobierno las voces discrepantes con las medidas de recorte que se están adoptando en materia de derechos sociales? ¿Acaso no está el PP convencido de que estas medidas son "lo que España necesita para salir de la crisis"? ¿Acaso tiene miedo de una ciudadanía bien formada, informada y asesorada (por ejemplo a través de las asociaciones de consumidores y usuarios)?
