[ El miedo a una ciudadanía bien informada ]

 Desde el comienzo de la crisis la ciudadanía ha visto cómo sus derechos de diferente índole han ido mermando con cada modificación de ley y con cada recorte. Hasta tal límite que sorprendentemente muchas personas, muchas familias, se han visto privadas incluso de derechos que dicta nuestra carta magna.

Precisamente en el ámbito de la defensa de los derechos de la ciudadanía se fundamenta la razón de ser y la labor de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, amparadas en la Constitución y regidas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Recientemente FACUA, una de ellas, ha sido amenazada con ser excluida del Registro de Asociaciones que gestiona el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El motivo: consideran que las campañas de consumo que dicha asociación lleva a cabo a través de su página web y en los medios de comunicación “[...] sobrepasan los fines que definen a este tipo de organización […]”. En la carta, que firma Pilar Farjas, Presidenta del INC, se pide a la asociación que revise y elimine concretamente las campañas dirigidas a la “lucha contra los recortes”, puestas en marcha “[...] para promover un recurso de inconstitucionalidad contra las normas estatales dirigidas a la racionalización del gasto público [...]”.  

Una amenaza que de materializarse supondría la retirada de las subvenciones, la expulsión de los órganos consultivos de ámbito estatal de los que forma parte, entre ellos el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y la pérdida de su derecho a presentar acciones judiciales en defensa de intereses de sus asociadas y asociados.

En la página web de FACUA se puede ver que las diversas campañas que han emprendido hacen referencia a hipotecas trampa, engaños financieros, tarifas eléctricas, tarifas de móvil, contratos de permanencia abusivos, spam telefónico; productos y servicios que ofrecen entidades privadas. Pero también informan sobre las consecuencias de la subida del IVA, del encarecimiento de los medicamentos, de la reducción de recursos para la educación pública, de la eliminación del derecho sanitario a las personas que no dispongan de sus “papeles” en regla, etc.; productos y servicios que en este caso debe garantizar por Ley el Estado a través de sus diversos organismos.

Tal y como marca Ley General , entre los derechos de los Consumidores y Usuarios se encuentran la protección de la salud y seguridad, la protección de los intereses económicos y sociales, la indemnización y reparación, la información, educación y divulgación, la representación, consulta y participación, la protección jurídica, administrativa y técnica mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Todo esto amparado por la Constitución Española en su Artículo 51.

El Gobierno del PP se esfuerza en hacer una diferenciación entre los derechos de la ciudadanía (entre ellos el de reclamación) según si se es usuaria o usuario de lo público o de lo privado. Como si el incumplimiento del contrato que un particular firma con una empresa privada fuera denunciable e impugnable, pero el incumplimiento o pérdida de calidad de la prestación de servicios que debe garantizar el Estado por mandato constitucional no lo fuera. ¿No es acaso la Constitución Española el "contrato" más importante "firmado" por la ciudadanía?
 

No parecen entonces congruentes los argumentos que esgrime el Gobierno para decir que las reivindicaciones y campañas de FACUA no guardan relación alguna con "la defensa de los derechos legítimos de los consumidores". Más bien parece un acto de censura al derecho de expresión de opinión e información, tal y como ya han denunciado diversas organizaciones sociales (sindicatos, colectivos ciudadanos, etc.) que han mostrado su apoyo a esta asociación. Una censura que además sólo recae sobre las campañas que aluden a los servicios que debe garantizar el Estado.

¿Por qué quiere acallar el Gobierno las voces discrepantes con las medidas de recorte que se están adoptando en materia de derechos sociales? ¿Acaso no está el PP convencido de que estas medidas son "lo que España necesita para salir de la crisis"? ¿Acaso tiene miedo de una ciudadanía bien formada, informada y asesorada (por ejemplo a través de las asociaciones de consumidores y usuarios)?

[ La invisibilizacion de las discriminaciones por ley ]

El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la LGTBfobia, fecha en la que se conmemora que en 1990 la OMS dejó de considerar que la homosexualidad era una enfermedad.

Desde entonces en nuestro país se han producido avances en diversos sentidos, pero aún es patente el rechazo que existe al respecto en múltiples sectores sociales. Así, y como ocurre con otras discriminaciones, aunque el marco legal ampara sus derechos en última instancia, el día a día de la realidad social demuestra que la igualdad no está conseguida, que queda camino por recorrer.

Ese camino pasa por la VISIBILIZACIÓN de la discriminación; y a ese respecto es imprescindible actuar dando ejemplo desde ámbitos institucionales, denunciando y condenando comportamientos homófobos, como el que recientemente se ha marcado el obispo de Alcalá de Henares. No se debe bajar la guardia, es necesario seguir poniendo en marcha proyectos coeducativos que transmitan esos valores igualitarios, y realizar campañas de sensibilización y protección.

Pero cuando los recortes presupuestarios que está acometiendo en estos días el Gobierno -mediante Decretos Ley de caracter urgente-, se ceban con partidas que ofrecen cobertura a elementos y estructuras fundamentales para la educación, la convivencia y la salud de las personas -acabando con su universalidad y gratuidad-, nos estamos haciendo un flaco favor a nosotras y nosotros mismos (como ocurre con la reducción/eliminación del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista).

En este sentido va la denuncia que diversas ONGs hicieron el pasado 27 de abril ante la incógnita de viabilidad que se presenta para el Plan Nacional sobre el SIDA. Tras el intento fracasado de reunión con la Ministra Mato, han decidido alertar públicamente que el ahorro ni es justificable ni compensa las consecuencias que derivarán: más infecciones, y por tanto, más gasto sanitario. Las cifras del SIDA en nuestro país hablan de una tasa de personas infectadas de 88,5 por cada millón de habitantes. Si bien es cierto que la infección por VIH no es exclusiva de LGTB, por desgracia siguen siendo el colectivo más afectado (46%).

Por si esto fuera poco, el Ministro Wert, al frente de la cartera de Educación, anuncia el temario de la asignatura Educación Cívica y Constitucional (como rebautiza la polémica Educación para la Ciudadanía), y en un intento de desideologizar se marca una propuesta que elude cualquier mención a la homosexualidad, para dejar paso a "la familia" en el ámbito de la Constitución Española, elimina toda referencia a la actitud crítica de la ciudadanía ante las desigualdades y discriminaciones [pensar en ello es malo, no vaya a ser que ...], pero no olvida por supuesto hablar de nuestra condición de homos económicus y la importancia de la iniciativa privada para el buen desarrollo de nuestras vidas. Estas son algunas de las joyas ideológicamente neutrales con las que nos premia el Sr. Ministro para ser buenas personas y una Ciudadanía modélica.

Mientras tanto otros Ministerios se dedican a socializar pérdidas y privatizar ganancias en un intento de sanear las cuentas públicas.

Y como esto es "un sindiós" dificilísimo de entender, mejor eliminar y/o controlar los medios de comunicación para poder explicar bien la obra maestra: una plan para salvar el mundo, en solitario.

Menos mal que hay infinidad de personas -entre las que me encuentro- que creemos que hay otra forma de hacer las cosas, y que hay que defender la Educación Pública y la Sanidad Pública de calidad para todas y todos. Y es que, como se leía hace poco en una pancarta durante una protesta:

CREEMOS EN LA UTOPÍA PORQUE LA REALIDAD NOS PARECE INCREÍBLE.

[ Más igualdad , vitaminas para salir de la crisis ]

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se eliminan fronteras, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, para celebrar la lucha diaria en favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Desde hace tiempo, una sociedad como la nuestra -cada vez más concienciada- ha trabajado duro en esta dirección de una forma trasversal. Muchas de las conquistas (igualdad real en derechos civiles, reducción de la brecha de género en la tasa de paro y en el nivel salarial, así como una creciente presencia femenina en el espacio público) son fruto de esos esfuerzos.

No obstante, la situación de crisis que arrastramos desde hace un lustro amenaza con producir una severa involución en términos de igualdad, cuando aún queda mucho trabajo por hacer.

A la dramática tasa de desempleo en nuestro país se une el dato de que España acabó 2011 a la cabeza de la UE en desempleo femenino, con un 20,5 % frente a una media del 9,6% en la UE-27 (según el Instituto de Estudios Económicos). Y las previsiones no son halagüeñas. Las mujeres siguen siendo amplia mayoría en las categorías más precarias, tanto de empleo (temporalidad, tiempo parcial, subempleo), como de desempleo (larga duración, sin empleo anterior, sin prestación de desempleo). Sus ingresos y pensiones son mucho menores y en muchos casos inexistentes, a pesar de que trabajan muchas más horas en total; sus tasas de pobreza son mucho mayores. En definitiva, la situación de las mujeres es dramática, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores, son las personas peor situadas las que más la sufren. Experiencias históricas -no muy lejanas- revelaron que el modelo ‘sustento económico masculino / mujer dependiente’ es una trampa.

El conocimiento de estos datos, que evidencian el fracaso de un modelo de crecimiento desequilibrado, nos proporciona la oportunidad histórica de revertirlo y hacer las cosas bien. Más aún, está demostrado que el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a los ingresos, impulsa enormemente el bienestar de las familias y el desarrollo de los países.

A diferencia de otras crisis, en las que también se presionó a las mujeres para retirarse del mercado de trabajo, hoy el punto de partida es otro bien diferente. Por esos derechos civiles adquiridos y por el alto grado de formación. Por la aptitud demostrada para desempeñar todo tipo de profesiones, para dirigir, para participar en todos los deportes y actividades. Muchas familias dependen de los salarios femeninos y, además, las mujeres desempleadas tienen mayor nivel educativo que los hombres desempleados.

Por otro lado, los hombres son más necesarios que nunca para arrimar el hombro en las tareas de cuidado. Hoy, a diferencia de otras épocas, sabemos que ninguna diferencia biológica justifica la exclusión de las mujeres del empleo y del ocio, ni la de los hombres del trabajo doméstico.

La sociedad no se puede permitir la frivolidad de ignorar o marginar a las mujeres, que representan más del 50% de la población mundial. Hoy las mujeres son tan necesarias como los hombres para construir un sólido modelo productivo equilibrado y sostenible. La igualdad de género es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres y el potencial cuidador de los hombres. La corresponsabilidad es imprescindible para el buen funcionamiento de los mercados de trabajo; para una mejor organización de la producción que no se base en la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico; para combatir la superpoblación, el envejecimiento poblacional y la pobreza en todo el mundo; para el mantenimiento del medio ambiente.

Los intereses cortoplacistas de quienes están sacando rentabilidad económica de esta crisis, no pueden doblegar los beneficios que en todos los aspectos traerá esta carrera de fondo por la igualdad.