Las administraciones públicas tienen un papel muy importante en el desarrollo de la responsabilidad social. Y además su responsabilidad es doble: hacia adentro, en lo que respecta a las personas que trabajan para la Administración y la calidad de sus condiciones laborales; y hacia el exterior, ya que deben velar por el interés público de la ciudadanía.
Es por eso que el Ayuntamiento, como institución administrativa más cercana al pueblo, debe servir como ejemplo, y por tanto debe ser líder en la aplicación de las actuaciones más innovadoras en lo referente a condiciones de trabajo, criterios de compra responsable, cuidado del medioambiente y aplicación de un modelo energético basado en el ahorro. Y todo ello de forma transversal, es decir con aplicación en todas sus áreas.
Al mismo tiempo debe ser impulsor de los procesos de implantación de la cultura de la responsabilidad social en el conjunto de la sociedad, no actuando desde una situación de poder sino como dinamizador. Esto es: promoviendo el conocimiento y la difusión de valores de la responsabilidad social, impulsando a las empresas comprometidas y poniendo en práctica unas finanzas justas y socialmente responsables.
En este contexto el Ayuntamiento tienen a su alcance una importante herramienta de promoción de la responsabilidad social: la contratación de bienes y servicios. De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea en su Libro Verde el gasto de las administraciones en contratos para la adquisición de productos, servicios e infraestructuras representa el 17% del PIB de la UE . Una contratación pública más responsable permitiría a las administraciones utilizar este dinero con más eficacia y contribuir a la innovación, el empleo y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente.
La Ley de Contratación del Sector Público pone a disposición una serie de herramientas como son:
- La integración de cláusulas de carácter inclusivo, laboral, social, ambiental, solidario, ético en la definición del objeto del contrato
- La incorporación de estos aspectos sociales como criterios de adjudicación, cuando respondan a necesidades definidas en las especificaciones del contrato.
Precisamente con el objetivo de apoyar a las organizaciones de diferente naturaleza en el desarrollo de estructuras responsables socialmente, la Organización Internacional para la Estandarización publicó en noviembre de 2010 la Norma ISO 26000 que recoge precisamente la importancia de la atención al medioambiente, los derechos humanos, los derechos de los consumidores, la igualdad, el comercio justo, y a la participación de la Comunidad.
Y es que la responsabilidad social supone también el diálogo con los diferentes colectivos para incorporar sus intereses y demandas en la gestión diaria de la organización. Para fomentar la implicación de la ciudadanía y la rendición de cuentas, la administración debería promover la transparencia y la participación ciudadana.
Son diversas las experiencias de municipios que apuestan sinceramente por estas políticas y son una muestra de solidez y reputación, de posicionamientos punteros en términos de innovación gracias a la atracción de inversiones que propicia su valor añadido.
No basta con que una organización pública se responsabilice de sus actos, pues para ello ya hay leyes y normas. Se trata de sustentar una conciencia social de que esa responsabilidad corporativa existe de modo que se haga efectiva aún cuando las normas no lo impongan. Un buen ejemplo es el Código del Buen Gobierno de la FEMP de 2009.
Pero además para trabajar hacia la excelencia hay que someter las políticas a evaluación. Un buen modelo de seguimiento y control es el UNE 66182.
Algunas propuestas de medidas que pueden poner en marcha los Ayuntamientos son:
· Elaborar -con la ayuda de todos los agentes sociales- y aplicar un modelo de autoevaluación en términos de calidad y de responsabilidad social, que permita conocer qué mejorar y cómo hacerlo en todas las áreas municipales. Un análisis de autodiagnóstico que haga posible diseñar estrategias idóneas para mejorar en la prestación de servicios sociales.
· La incorporación en los pliegos de contratación, tanto de personal, como servicios y de productos, así como en la convocatoria de subvenciones, de cláusulas con las que se primen criterios de compra responsable, sostenibilidad, conciliación de la vida familiar y laboral, y la estabilidad en el empleo.
· La puesta en marcha de actividades formativas y de concienciación y sensibilización que versen sobre el consumo responsable, dirigidas tanto a trabajadoras y trabajadores municipales, empresarios y empresarias, así como al resto de la ciudadanía, haciendo especial hincapié en los y las más jóvenes.
· La creación de un espacio en la web municipal donde se expongan los compromisos que adquiere este Ayuntamiento para consigo mismo y para con la ciudadanía en materia de responsabilidad social.
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